De Dakota a la Patagonia, rebeldía que no cesa

De extremo a extremo, los pueblos indios de las Américas viven, construyen y resisten. Resisten las invasiones a sus territorios de mineras, petroleras, grandes represas, gasoductos, la tala de sus bosques y las mega plantaciones de monocultivos de árboles, los parques eólicos, las plantaciones de transgénicos y las fumigaciones de agrotóxicos, el avance indiscriminado de proyectos inmobiliarios, la contaminación y robo de sus tierras, ríos, lagos y aire.

Resisten además las mil formas de tratar de invisibilizarlos, de afirmar que no existen o no son pueblos; de que cada lucha, cuando sale a la luz y convoca solidaridad, sea vista como fenómeno localizado y aislado, donde no hay historia, no hay identidad, no hay organización, no hay solidaridad y redes con muchos otros. Las luchas indígenas tienen muchas capas de significación que nos tocan a todas y todos, aunque a menudo solo las percibimos a partir de sus resistencias en momentos de represión y amenaza.

Al Sur del continente, los mapuches , tanto en Chile como en Argentina –su territorio ancestral nunca tuvo esa frontera– son perseguidos judicial y militarmente, por defender sus territorios contra grandes forestales, hidroeléctricas, petroleras y otras empresas y negociados de los gobiernos de turno con sus tierras. En cada conflicto se les ha aplicado –o intentando hacerlo- leyes anti-terroristas, leyes que vienen de las dictaduras militares, con persecución militar, policial y judicial. En ambos casos, particularmente en Argentina, el discurso oficial y mediático niega incluso que existan pueblos indios, como ha sucedido en el caso de muchos otros conflictos en territorios indígenas. A fin de 2016, el caso de la machi mapuche Francisca Linconao (autoridad moral, médica y consejera de su comunidad) levantó solidaridad en todo el planeta, cuando la machi Francisca, que se declara inocente y fue detenida sin pruebas, acusada por un incendio que dejó dos muertos en una finca forestal que ocupa y devasta sus territorios, emprendió una huelga de hambre que duró dos semanas, hasta que le concedieron, no la libertad, sino arresto domiciliario, el 6 de enero 2017. El juicio contra ella sigue.

El pasado 10 y 11 de enero, el gobierno argentino y el gobernador Mario das Neves de la provincia de Chubut, lanzaron en operación conjunta de la Gerdarmería Nacional y la policía local una feroz represión contra una comunidad (lof) mapuche que defiende su territorio en el departamento de Cushamen, Chubut. Este lof mapuche volvió a ocupar esa tierra en marzo 2015, luego de que hubiera quedado encapsulado en lo que desde 1991 es propiedad de la trasnacional italiana Benetton, uno de los mayores terratenientes de Argentina, con cerca de 900,000 hectáreas en la Patagonia.

En lo que Amnistía Internacional definió como una “operación cerrojo”, 200 gendarmes cerraron todas las vías de acceso y avanzaron disparando balas de goma y de plomo contra la comunidad, con enorme brutalidad, atacando mujeres, hombres y niños. El primer día tenían una orden judicial para liberar las las vías de un tren turístico que la comunidad había bloqueado con materiales, no personas. Nada más. El segundo día no tenían ni siquiera esa limitada orden, pero en ambas ocasiones atacaron violentamente a la comunidad, dejando una secuela de heridos y detenidos.

Al ataque brutal, siguieron las manipulaciones mediáticas. Medios locales acusaron a los mapuches de tirar piedras y “resistir violentamente un procedimiento judicial”, implicando que fueron ellos que provocaron la represión. El gobernador azuzó el conflicto declarando “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la patria, ni la bandera… En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias, para que se cumpla con las leyes y la gente viva tranquila” ( 12/01/17 lavaca.org). Para el gobernador, “la gente” es la trasnacional Benetton.

Tal como denunció el querido historiador Osvaldo Bayer en el sitio Garganta Poderosa, se trata otra vez, de la Patagonia rebelde, una renovada “Campaña del desierto” (que condujo Julio Argentino Roca a principios de 1900) para terminar con los pueblos y tribus del Sur, ahora para dar paso a las empresas trasnacionales.

En toda la Amazonía, en la resistencia a la minería, petroleras y otras devastaciones están pueblos indígenas. En Ecuador, miembros del pueblo Shuar de la comunidad de Nankitz, Morona Santiago, intentaron en noviembre y diciembre recuperar su territorio, del que habían sido violentamente desalojados en agosto 2016 por fuerzas militares y policiales del gobierno, que nuevamente, dio atención a una orden judicial a favor de la empresa minera china Explorcobres S.A., pese a que el mismo gobierno no había cumplido siquiera con la consulta libre, previa e informada a que tienen derecho las comunidades indígenas Shuar. En los conflictos, murió un policía y varios resultaron heridos. Como rebote, a la organización ecologista Acción Ecológica, que desde hace años viene denunciando los impactos de la minería y petróleo y la violación de derechos indígenas y humanos en esas áreas, incluso el caso Shuar, el gobierno intentó clausurarla. Esto se logró parar, tanto por la vacuidad de las acusaciones contra esa organización, como por la amplia protesta nacional e internacional, pero las amenazas continúan: sigue la militarización en zona Shuar y situaciones parecidas de desalojos, acoso y violencia, se repiten en varios territorios indígenas del Ecuador donde quieren avanzar la mega minería, a favor de empresas extranjeras, sobre todo chinas.

La defensa territorial de los pueblos indígenas tiene un papel fundamental en la defensa de la vida y de la justicia a través de todas las Américas, como sucedió también con la movilización del Pueblo Sioux en Standing Rock, Dakota del Norte, contra el oleoducto DAPL, otro devastador emprendimiento que logró ser detenido en diciembre por la extendida y firme resistencia indígena. La convergencia de pueblos indígenas y organizaciones ecologistas de base, así como en varios lugares con otros movimientos sociales, feministas, urbanos, campesinos, no es nueva, pero va adquiriendo nuevas formas y significados.

La historia y contundentes realidades del movimiento y las comunidades zapatistas abona, directa o indirectamente, a todos esos procesos de resistencia. México, casi como un continente en sí mismo, está atravesado de conflictos territoriales, ambientales, sociales, de injusticias, con incontables casos de represión abierta o encubierta, y con cientos de luchas y resistencias locales, muchas basadas en comunidades indígenas y campesinas. Los testimonios y denuncias del Congreso Nacional Indígena reflejan muchos de ellos. La decisión de formar un Concejo Indígena de Gobierno y contraponer una candidata mujer e indígena a los discursos electorales es otra forma de poner en la mesa, invitando a muchos otros movimientos, estas realidades, heridas, resistencias, indignaciones y construcciones.

Por Silvia RibeiroPeriodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.

Fuente: Desinformémonos, 17 de enero, 2017

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